El Tribunal Constitucional revisará el recorte de Sierra Espuña impulsado por PP y Vox para salvar el rally de La Santa
El PSOE advierte de que la prueba automovilística seguirá suspendida si no se busca una solución a través del plan de uso del parque
El futuro de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña y de la celebración de eventos en el entorno de La Santa (Totana) terminará dirimiéndose en los tribunales.
El Defensor del Pueblo ha formalizado un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica ley impulsada por PP y Vox en la Asamblea Regional.
Esta norma modificó los límites del espacio protegido —excluyendo unas 58 hectáreas que abarcan la zona recreativa y un tramo de la carretera RM-502— con el objetivo de sortear las trabas administrativas y permitir la celebración de la romería de Santa Eulalia y el regreso del Rally de Subida a La Santa, suspendido desde hace dos años por cuestiones medioambientales.
El recurso del Defensor del Pueblo, que atiende a la solicitud formalizada por Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, frena las expectativas generadas por el Ejecutivo autonómico y confirma las sospechas que planearon sobre la ley desde el inicio de su tramitación legislativa.
La norma nació con las advertencias expresas de los propios Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional y los letrados alertaron en su día de que excluir terrenos de un espacio amparado por la Red Natura 2000 sin el respaldo de estudios científicos o sin justificar una alteración en la evolución natural del entorno, choca frontalmente con el artículo 52 de la Ley estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Además, avisaron de que la maniobra legislativa podría vulnerar el principio de «no regresión ambiental», una garantía de protección ampliamente consolidada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Constitucional.
En el escrito que oficializa la presentación del recurso contra la ley regional, el Defensor del Pueblo recoge estos argumentos. Sostiene que existe una contradicción flagrante entre la norma autonómica y la legislación básica estatal.
Al ostentar el Estado la competencia en la normativa básica de medio ambiente, la ley regional incurriría en una inconstitucionalidad indirecta al intentar rebajar los estándares de protección de un territorio catalogado.
Un choque previsible
Desde la oposición, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha lamentado que se haya llegado a un escenario que su grupo calificó en el hemiciclo de "totalmente previsible".
Martínez Baños ha advertido además que la ofensiva judicial podría ampliarse, ya que el propio Gobierno de España podría seguir el mismo camino que el Defensor del Pueblo si fracasan las negociaciones bilaterales actualmente abiertas con la Comunidad Autónoma.
El parlamentario socialista ha insistido en que el atajo de mutilar los límites del parque fue un error jurídico que no resuelve el problema de fondo.
Para el PSOE, la única posibilidad efectiva y legal para que la Subida a La Santa vuelva a celebrarse es modificar la normativa de planificación ambiental, integrando las condiciones para estas actividades dentro del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, en lugar de alterar sus fronteras mediante una ley exprés.
Vistas así las cosas, el horizonte jurídico apunta a que el Alto Tribunal terminará tumbando la modificación autonómica, devolviendo la situación a la casilla de salida.
Y mientras el debate siga en los tribunales en lugar de centrarse en la normativa de planificación ambiental, el histórico rally automovilístico continuará con los motores apagados.
Opina
Canal 6 no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.